En países como Uzbequistán, Bielorrusia o Bangladesh (los paíes con más descargas ilegales), es en parte justificable que recurran a este delito, ya que la calidad de vida es muy baja y no poseen salas de cine prácticamente. Se ve como una forma de escapismo del mundo que les rodea. Sin embargo, este no es el caso de España. Presumimos de fútbol, adelantos tecnológicos, clima, y de otras muchas cosas, pero a la hora de afrontar un problema, somos los más indiferentes.
España es considerado uno de los países europeos que posee un cine más rico, audaz e inteligente. Promovemos el cine español para que supere a las producciones de Hollywood, pero no obstante, no paramos de descargar películas desde internet. Parece que nos entusiasma eso de cine pixelado, ultrareducido y con sonido a cueva. Cine con risas de fondo que no provienen de nuestra sala y donde nos dejamos la vista para observar con detenimiento cada escena.
Unos alegan que ir al cine es muy caro, otros dicen que es más cómodo verlo en casa. Hay opiniones a tropel, pero raciocinio ninguno. España no tiene dinero para cine, ni para alquilar películas o comprarlas originales. Sin embargo, España tiene dinero para hachís, chocolate, cocaína, heroína y pastillas. España tiene dinero para tráfico de cualquier tipo y venta ilegal de cualquier cosa que podamos imaginar, pero claro, España no tiene dinero para el arte.
No se trata de gastar el dinero en vano, ni de dárselo a otras personas. Se trata de una cadena que empieza de una idea que se plasma en la pantalla con un sinfín de personas detrás. Es un trabajo de cientos de individuos que han dejado su sudor y que comen de él. Es un boicot hacia la industria del cine. Es prostitución intelectual.
Lo peor de todo es que ya estamos viendo las consecuencias. Cadenas enteras de videoclubs han tenido que cerrar sus puertas, películas estancadas sin llegar a rodarse y pérdidas millonarias de todas las distribuidoras cinematográficas. En resumen, un caos que comienza en la cámara de un "alguien" que graba una película en la sala de cine y decide subirla a la red para que miles de personas la descarguen. Filmando imágenes, actuaciones, papeles, ideas y esfuerzo que no son suyos y que, por lo tanto, no le pertenecen ni tiene derechos sobre ellas. Una cadena que afectará a toda la sociedad y que no se podrá detener si no tomamos riendas en el asunto.
Hay que salir de esa comodidad y conformismo en el que España está adormilada. Estamos comenzando una catástrofe que ha hecho que nuevas generaciones no conozcan la magia del cine. No serán partícipes de la fotografía, carteles, música, formato especial y sonido que caracteriza cada producción. El cine está muriendo condenado por la sociedad. Debemos salvarlo.
1 comentario:
"...Queramos o no, nos guste o no, esto es delito" Dijiste.
Al parecer te gusta dar a entender que escribes con propiedad.Un detalle para tí.
Ante todo debe hacerse una precisión, necesaria por la gran desinformación que han sembrado diferentes grupos de interés: no toda vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual es constitutiva de delito. Debemos diferenciar entre delitos e infracciones civiles: sólo los primeros pueden tener como consecuencia una condena penal de privación de libertad.
Para que una conducta que afecte a los derechos de autor sea perseguible con arreglo al Código Penal deben darse las circunstancias previstas en el artículo 270 de dicho código: reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de una obra, en todo o en parte, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero.
Un usuario de Internet que desde su domicilio intercambia obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual no comete delito alguno si dicha conducta se realiza sin ánimo de lucro, concepto éste que según la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado "no puede tener una interpretación amplia o extensiva, sino que debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial".
En cierta manera, la ausencia de sentencias judiciales al respecto viene a refrendar la posición de la Fiscalía. No se ha dictado en España ninguna sentencia contra usuarios por compartir música o cine a través de programas P2P: los escasos pronunciamientos judiciales han sido absolutorios.
Las muy publicitadas operaciones policiales contra las descargas en la Red fueron en realidad actuaciones dirigidas contra portales de enlaces P2P, a los que las acusaciones imputan ánimo de lucro comercial, y que en ningún caso han llegado todavía a sentencia firme. Es ilustrativo en este sentido el caso Sharemula, en el que se dictó un auto de archivo que fue recurrido por la acusación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
De Jano.
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